"Plantear a los catalanes una votación que no tiene validez alguna es absurdo", leí hace meses en un editorial de prensa. Intentar reventar a base de policías aquel supuesto 'absurdo' costó 87 millones de euros, hundió la 'marca España' y hormigonó el 1 de octubre para la causa del independentismo. El Estado español tiene una avería, y se llama prepotencia, que vuelve a ponerse de manifiesto en la estrategia de impedir a toda costa la investidura de Carles Puigdemont. La paradoja es que con su represión al Procés, en vez de poner algo de su parte para favorecer una distensión, el Estado está eligiendo procesismo.
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